El último viernes, centenares de manifestantes se dieron cita frente al Ministerio de Trabajo y seguridad social, en Alem al 400, para seguir de cerca las negociaciones entre las partes involucradas en el conflicto que Kraft mantiene con sus trabajadores.

Mientras puertas adentro se decidía el futuro de los más de 160 trabajadores despedidos por exigir condiciones sanitarias adecuadas durante la recordad epidemia de gripe N1H1, afuera un nutrido grupo de trabajadores hacía “el aguante” junto a militantes de partidos de izquierda –PO, PTS, Izquierda Socialista y MST entre otros– y la FUBA, entre otros.

Las caras de cansancio por el desgaste al que son sometidos no dejaban entrever lo que luego sucedería. Cesar García, delegado en Kraft, aseguró que la lucha continuaría hasta “lograr la reincorporación de todos los compañeros”. Además hizo una revisión exitosa y optimista de los logros obtenidos hasta la fecha: no más despidos, freno a las intenciones de la patronal de aumentar los turnos y recortar el nocturno, deshaciéndose de 700 empleados, reincorporación de los cinco delegados de la comisión interna suspendidos ilegalmente.

En el mismo sentido se expresó Christian Castillo, profesor universitario y dirigente del PTS, que categorizó el conflicto de la ex Terrabusi como “caso testigo” para la clase obrera argentina, dado que mostró a las claras la fuerza de los trabajadores unidos y la importancia de la masa estudiantil y social en apoyo a las luchas obreras.

Nadie esperaba que se firmara el acta acuerdo que ponía condiciones específicas para la paz social. Es decir, no más asambleas, ni huelgas, ni protestas por 60 días. Un pedido que, no solo sirve para el desarrollo de la producción, la suspensión de trabajadores y el sostenimiento de lo realizado, sino que atenta contra los más constitucionales derechos laborales. Extraño en los que se amparan en la legislación para expoliar al trabajador. O no tanto.

Sin embargo, tres de los cinco miembros de la comisión interna presentes firmaron el acuerdo. Fracturados o no, las explicaciones divergentes entre sí, se amparan en la necesidad de trabajar, en la reincorporación de 40 trabajadores que se suman a los 30 ingresados en primera instancia, en una votación que, según denuncia uno de los delegados que no firmó , Javier Hermosilla, fue “bajo apriete de la patronal”.

En ese contexto, los diarios levantaron de último momento las novedades. Adjudicaron la firma a quiebres en la comisión interna, despertaron suspicacias e incluso mintieron alevosamente. Clarín, por caso, aseguró en principio que 8 de 10 miembros habían firmado. En realidad solo acertó en la cantidad de disidencias: Bogado y Hermosilla.

Muchos incluso dieron por cerrado el conflicto, con las palabras del propio Ministro Tomada. Sin embargo, las horas y los días redefinen la situación. Los disidentes –e incluso aquellos que firmaron– aseguran que la firma del acta acuerdo será revisada por la asamblea de trabajadores. Habrá que ver cuánto de resuelto tiene el conflicto y cuánto de deseo expresan los medios corporativos y empresariales de comunicación en sus ediciones online.